Los expertos coincidieron en que los legisladores deben prestar atención a leyes pendientes por aprobación, como la de Ordenamiento Territorial, la Ley de Agua y Cambio Climático, que complementan la Ley 64-00.

Santo Domingo.- La Fundación Equidad y Justicia Social y la Procuraduría Especializada en la Defensa y Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrollaron por segundo año consecutivo, el espacio de diálogo donde expertos en medio ambiente, cambio climático y constitución expusieron sobre la responsabilidad del Estado de proteger el medio ambiente y preservar los ecosistemas nacionales, como contempla la Constitución dominicana.

La conferencia inició con el discurso de Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien indicó que es deber del Estado proteger el medio ambiente medio ambiente porque así lo establece la Constitución.

“Entendemos que esta es una Constitución ecológica porque tiene las pautas a seguir para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y los procedimientos a seguir ante los infractores del medio ambiente, a través de mecanismos judiciales”, indicó De Camps.
El reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de FEJUS, Destacó que Dios hizo la creación como un espacio para el ser humano. “Debe existir una congruencia entre lo que somos y lo que hacemos”.

Dijo que se debe mostrar el amor al creador y el amor al prójimo, cuidando el medio ambiente. Es sorprendente como algunos por el egoísmo y el interés de acumular fortunas, contaminan y destruyen el medio ambiente, sin importarles que otros seres humanos continúen viviendo en el planeta. Se debe respetar la calidad de vida, respetar el medio ambiente. Hay ríos que son dañados por la extracción desmedida de materiales para la construcción.

Agregó que República Dominicana cuenta con leyes y la misma Carta Magna que abordan el tema de la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Hay una Ley de Ordenamiento Territorial, también la Ley de Agua en el Congreso Nacional, que aún no han sido aprobadas. Pidió a los legisladores que poner en agenda la aprobación de estas leyes.

Por su parte la doctora Mayra Cabral quien es directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, en su disertación se refirió sobre los grandes aportes del constitucionalismo latinoamericano para la consolidación de un constitucionalismo global ambiental que propende por la protección de la Naturaleza desde otros paradigmas, sobre todo el cambio de modelo de desarrollo antropocéntrico a uno con visión ecocéntrico, donde la Naturaleza deja de ser un instrumento y pasa a ser un fin e interés jurídico protegible en sí mismo. Subrayó además, la importancia de la justicia constitucional, por las herramientas prometedoras que pone a disposición de las personas, principalmente a través de la acción constitucional de amparo y el control de constitucionalidad difuso y concentrado, para reivindicar los derechos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y ayudar a cerrar la brecha existente entre lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales de derechos suscritos y el goce real y efectivo de los derechos

Cabral agregó que desde 1973 la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy día el clima se calienta a una velocidad tan rápida que no nos podemos adaptar. La contaminación del agua nos enfrenta y debemos atenderla con urgencia. Si no adoptamos medidas para proteger el medio ambiente, la supervivencia será más difícil. No vamos a controlar la pobreza si no detenemos los factores que afectan al medio ambiente.

En el marco del derecho constitucional latinoamericano existen mecanismos para garantizar los derechos ambientales. Lo cual ayuda que exista el derecho a un medio ambiente sano. Cada vez se avanza más en Latinoamérica para proteger la naturaleza, agregó la Dra. Mayra Cabral.
Indicó que esta Constitución nos permite unas garantías para la protección del medio ambiente, entre estas garantías está el Defensor del Pueblo, la Procuraduría Especializada del Medio Ambiente, entre otras instituciones y herramientas que pueden enfrentar cuando el Estado o los ciudadanos afectan negativamente al medio ambiente y a los recursos naturales. De igual forma está el Tribunal Constitucional donde se pueden llevar casos que violen la Constitución en material ambiental. Recomendó empoderar a toda la ciudadanía en estos mecanismos para vivir con el medio ambiente y no en contra del medio ambiente.

El doctor Manuel Bergés, Miembro Academia de Ciencias, abordó el tema de políticas públicas medioambientales. Dijo que los haitianos sacan cincuenta toneladas de carbón de territorio dominicano y no siembran nuevos árboles, es necesario evitar esta destrucción del bosque dominicano cuanto antes.

“El niño, la niña, el polvo del Sahara, entre otros fenómenos hay que enfrentarlos con recursos y políticas públicas. Estas políticas públicas permiten resolver problemas en coordinación de las autoridades y la sociedad” afirmó Bergés.

Indicó que hay acuerdos que ayudan a la República Dominicana para la protección del medio ambiente, entre ellos el Acuerdo de Paris. Se acordó que los países cambien sus planes en cuanto a las políticas públicas sobre el medio ambiente, de manera programada y que se deben utilizar energías limpias para proteger el medio ambiente y contrarrestar el efecto invernadero y el cambio climático.

El magistrado Francisco Contreras, Titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, expresó que los derechos difusos son los derechos de las nuevas generaciones, el ser humano ha hecho uso de los recursos del medio ambiente para poder subsistir, incurriendo en el manejo inadecuado de estos, poniendo en peligro la sobrevivencia en el planeta tierra.

Motivó a prestar atención a las causas de degradación humana y social, ya que están vinculadas al daño del medio ambiente y los recursos naturales. Aseveró que la garantía del derecho a un ambiente sano es responsabilidad del Estado, quien debe apoyar todas las instituciones que trabajan a favor del medio ambiente.

Otro de los expositores fue Max Puig, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, quien expuso sobre precedentes constitucionales ambientales trascendentales en materia ambiental, indicó que la naturaleza tiene derechos y que estos espacios de diálogo contribuyen a destacarlos y recordarlos. Afirmó que existe en la actualidad una generación desproporcionada de los gases de efecto invernadero, lo cual altera el metabolismo del planeta, en su discurso mencionó Laudato si, que es la segunda encíclica del Papa Francisco publicada en mayo de 2015 que se centra en el cuidado del entorno natural y de todas las personas, así como en cuestiones más amplias de la relación entre Dios, los seres humanos y la tierra.

El Dr. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, durante su ponencia enfocó su discurso en el rol de la oficina del Defensor del Pueblo para un ambiente sano y sostenible, señaló que es un derecho de los ciudadanos como una representación tangible de la esperanza. Enumeró los diferentes proyectos que ha estado desarrollando la Oficina del Defensor del Pueblo en materia de asuntos ambientales en distintas partes del país para garantizar estos derechos. Destacó también la importancia de la preservación y uso adecuado del agua a través de la enseñanza en los centros educativos.

Ulloa pidió no jugar al populismo con el medio ambiente. Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable.

Durante la conferencia la Dra. Michela Izzo experta en asuntos ambientales, expresó que la efectividad de la ley en materia ambiental depende de los derechos y deberes de los ciudadanos. Luego de leer un informe sobre la situación actual de la protección del medio ambiente a nivel global, hizo una reflexión sobre la crisis ambiental que vive el mundo actualmente. Mencionó que debe existir un marco de justicia climática debido a que considera necesario aprender de los errores y enfrentar la crisis climática que afecta el planeta.

Izzo, quien es docente de climatología y desarrollo sostenible en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra recomendó proteger la biodiversidad, desarrollar el manejo de los desechos, definir una política ambiental en común con Haití, en beneficio de toda la isla. Se deben respetar todas las normas ambientales establecidas, para beneficio del medio ambiente donde todos los sectores deben integrarse al diálogo para buscar siempre las mejores soluciones.

Esta actividad forma parte de los Diálogos de Equidad y Justicia que desarrolla FEJUS, cuenta con el apoyo del Tribunal Constitucional y fue realizado por segundo año consecutivo en el auditorio Dorothy Van Vleet de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, ubicada en la avenida Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penson, antiguo consulado de Estados Unidos.

Este diálogo es organizado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Fundación Equidad y Justicia Social, en el marco de la mesa de trabajo conformada por ambas instituciones para educar a la población sobre el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.

Contó con el auspicio del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana y la Universidad Federico Henríquez y Carvajal y asistieron 250 personas, entre ellos defensores del medio ambiente y cambio climático, así como abogados y estudiantes universitarios.

Santo Domingo.- En una reunión de trabajo realizada en las instalaciones de la Fundación Equidad y Justicia Social presidida por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y Fidel Lorenzo Merán, acordaron la firma de un memorándum de entendimiento que dará inicio a un ciclo de capacitación en diferentes ámbitos de participación ciudadana.

Entre las actividades a realizar ambas instituciones, se encuentra el Diplomado de “Derecho Ciudadano y Desarrollo de Políticas Públicas” y la integración del Defensor del Pueblo en las actividades del VIII Congreso “Familia a Toda Prueba” con el objetivo de empoderar a las familias en temas de derechos humanos y ciudadanos. En dicha reunión, participaron funcionarios de la Fundación Equidad y Justicia, así como de la Defensoría del Pueblo.

Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo Merán, manifestó preocupación por la manera en que el gobierno de Luis Abinader se ha estado manejando con la administración pública, beneficiando a los empresarios y organismos internacionales y a la vez delegando su trabajo.

Advierte que es un peligro que el Estado delegue sus funciones y obligaciones a terceros como es el caso de la PNUD una agencia que ha cambiado su naturaleza desde el gobierno pasado de agencia cooperadora para asumir el rol de contratistas del gobierno empezando con Ayuntamiento del Distrito Nacional desde la gestión de David Collado, continuando con los ministerios de Interior y Policía y Educación.

Criticó que el Ministerio de Economía recorte injustificadamente el presupuesto a las Asociaciones Sin Fines de Lucro que trabajan con poblaciones vulnerables y que el gobierno no escatime esfuerzos para desembolsar millones de pesos a organismos internacionales por motivo de “asesorías y acompañamientos”.

Lorenzo Merán cuestionó la poca transparencia con que se han instrumentado los casos de intermediación de estos organismos como es la contratación por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo con la PNUD para una construcción que incluyen la sede para dicha organización, para la cual la oficina del Defensor transfirió en el 2020 Defensor del Pueblo transfirió al PNUD RD$ 314,906,828.80 a la agencia internacional.
Enfatizó que estas prácticas perjudican al Estado por la gran cantidad de dinero que desembolsa y a los trabajadores, quienes dejan de percibir ingresos por la delegación en terceros de trabajos que pueden realizar técnicos del gobierno.

En el país hay un déficit de unos 5 mil policías para dar servicio en las calles lo cual es preocupante según Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS), porque además las condiciones que ofrecen la Policía Nacional para quienes se inclinan a ser parte de sus filas no son atractivas.

Lorenzo explicó que otra condición que incide en la crisis policial es que, los procesos de reclutamiento no son eficientes, pues cuando se abre una convocatoria para dos mil policías, solo aparecen 700.

«Esto no permite hacer una depuración exhaustiva, sino que tienen que acoger lo que le llega, sin ningún tipo de recomendación, porque tienen un déficit grande», dijo Lorenzo.

El presidente de FEJUS consideró como peligroso que además, debido a la demanda por el déficit, los seis meses de centro que deben tener los entrenándose y siendo adiestrados en diferentes renglones de formación humana, académica e instruccional para manejar crisis o eventualidades para un servicio de altura, estos deben ser lanzados al patrullaje en las calles con 45 días del famoso centro.

“Se están tirando a las calles ¨crudos¨, porque en esos 45 días de centro no se le puede enseñar a un policía, que significa el respeto a los derechos humanos o el trato con las personas”, expresó Fidel Lorenzo.

Agregó que a esto se suma que las herramientas de trabajo son muy escasas, para poder someter cualquier individuo a la obediencia.

“La policía tiene que mejorar sus condiciones, disponer de mayor equipo técnico y de comunicación y los ciudadanos tenemos que entender que muchos de esos agentes que están en la calle no están preparados, por lo que hay que ser exageradamente cuidadoso con ellos porque de lo contrario estaríamos en gran riesgo de perder la vida”, aseguró Fidel Lorenzo.

Recomendó que la reforma policial comience brindando condiciones óptimas a la policía para que se puede en los próximos 4 años tener la cantidad de agentes que puedan dar un servicio favorable al país.